Laicismo y Educación en España
ANTONIO GARCÍA MOVELLÁN. Miembro de
Europa Laica. Artículo publicado en
Iniciativa Socialista número 73, otoño 2004
Uno de los asuntos que más preocupan a
las iglesias es el asunto escolar.
Quieren mantener una influencia muy grande
en los sistemas educativos y que la sociedad internacional reconozca esta
injerencia.
Es necesario señalar que en Europa y también en una gran parte de
los Estados del mundo, las iglesias están volcadas en la educación. Si
exceptuamos a los Estados, las iglesias son las corporaciones con más intereses
en el mundo de la educación. En España sucede igual.
La historia del laicismo, en gran
medida, es la historia por la construcción de un sistema escolar laico. Un
sistema escolar que persiga la libertad de conciencia plena del individuo y,
por tanto, un sistema escolar alejado de cualquier adoctrinamiento religioso o
ideológico.
La escuela laica es la búsqueda de la autonomía moral de los niños.
Sin embargo, muchos de los sistemas escolares, en todo el mundo, están muy
alejados del laicismo, y muchos de ellos incluyen materias de adoctrinamiento
religioso o ideológico en sus curriculum y financian colegios confesionales.
En
ocasiones, el alejamiento del laicismo se produce cuando la escuela se quiere
convertir en mero apéndice de las necesidades del mercado laboral y no en un
espacio publico destinado al aprendizaje que evite las presiones de la sociedad
civil. Durante muchos años, la escuela laica tuvo como presión principal la
injerencia religiosa e ideológica. Hoy, a esta injerencia se le ha unido otra
no menos importante, la del mercado y la competitividad, que tiende a erosionar
la naturaleza emancipatoria de la escuela.
En cualquier caso, las iglesias y sus
lobbys han presionado para que las declaraciones internacionales de posguerra
reconozcan de una u otra manera la injerencia religiosa en la escuela.
En gran
medida, lo han conseguido.
Por ejemplo en el ámbito de las Naciones Unidades,
no tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero si en algunas
convenciones posteriores, han conseguido que se eleve a un derecho
internacional la idea de la libertad educativa en función de las creencias.
Esto es, desgraciadamente, más claro en el ámbito europeo, donde las iglesias,
al menos durante muchos años, han tenido portavoces políticos directos a través
de los partidos denominados demócrata-cristianos.
Hay que tener en cuenta que
hasta los años setenta los partidos demócrata-cristianos europeos han sido los
protagonistas en la construcción internacional de Europa.
Por ejemplo, durante
la redacción del instrumento más acabado que existe en Europa de protección de
los derechos humanos, la Convención Europea para la protección de los derechos
humanos y libertades fundamentales (CEPDH) de 1954, se quiso introducir una
mención explícita a la libertad educativa asociada a la libertad de religión;
sin embargo, por la oposición de Francia, esta mención no aparece recogida como
tal en la Convención sino que se habilitó un protocolo especial, el Protocolo
nº 1 de la Convención que incluye una referencia explícita al derecho de los
padres a elegir la educación en función de sus convicciones o creencias
religiosas.
Para muchos este protocolo es una bomba de profundidad sobre el
laicismo educativo ya que, en efecto, establece que el Estado debe garantizar
el ejercicio de este derecho de elección del tipo de educación, fundado en
motivaciones religiosas:
“Protocolo 1. Art. 2º. A nadie se le puede
negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones
que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho
de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus
convicciones religiosas y filosóficas.”
Como vemos esta idea de asociar la
libertad religiosa a la libertad de educación por motivos religiosos es una
idea muy peligrosa para el laicismo.
Lo que esta pasando con la injerencia de
las iglesias en la redacción de la Constitución europea también ocurrió cuando
se redactaba la Carta de derechos fundamentales de la Unión, que es un texto
que todavía no tiene alcance legal pero que será en breve el marco europeo de
los derechos humanos; en esta carta se nota mucho la injerencia clerical. La
Carta en su versión alemana hace una referencia a los valores religioso de la
Unión, no así en la versión oficial de otras lenguas, que, por la oposición de
Francia, se refieren exclusivamente a los valores espirituales.
En cuanto al derecho al educación esta
Carta establece lo siguiente en su articulo 14:
“1. Toda persona tiene derecho a la
educación y al acceso a la formación profesional y permanente.
2. Este derecho incluye la facultad de
recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.
3. Se respetan, de acuerdo a las leyes
nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de crear centros docentes
dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los
padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus
convicciones religiosas”
Se observa claramente en este artículo
14.3 la asociación de la libertad educativa a la libertad religiosa, y se eleva
a derecho fundamental la segregación educativa por motivos religiosos.
En definitiva, en el ámbito europeo, más
aún que en el de Naciones Unidas, se ha asociado la libertad educativa a la
libertad religiosa, elevando la segregación educativa por motivos religiosos a
la categoría de derecho fundamental.
Ello conlleva, entre otras cuestiones, dar
cierta legitimidad de la dualidad de los sistemas educativos en la mayoría de
los países europeos y cierta justificación a la obligación de financiación
pública de los colegios confesionales por parte de los Estados.
En España la injerencia de la Iglesia
católica sobre el sistema educativo es clara.
Podríamos analizar las leyes, las
sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional para ver cual es
el modelo educativo formal que existe en España.
Pero, sinceramente, creo que
existe una inflación de este tipo de análisis, aunque siempre necesarios, pero
yo preferiría que trascendiéramos el análisis jurídico formal e ir al encuentro
de la realidad social del sistema educativo.
En primer lugar, creo que conviene
decir que un sistema educativo no se puede cambiar de la noche a la mañana, que
no se puede hacer una ley y pensar que de esa forma se puede hacer tabla rasa
del pasado: eso es imposible.
Por supuesto que el sentido de las leyes nos
indican una tendencia, un tipo de impulso político de un momento dado pero en
ningún caso, y más en un asunto como la educación, podemos esperar que una ley
cambie el modelo educativo de arriba abajo. Lo que es más cierto en un país
como España donde ha sido tan difícil construir un sistema educativo público
con una mínima calidad.
En efecto, cuando Picavea, en 1900,
explicaba la situación real de la educación en España, era para echarse a
llorar, no solo por la cantidad, sino también por la calidad. Cuando analizamos
los contenidos educativos en los decretos del siglo XIX y de una gran parte del
siglo XX también es para echarse a llorar: la enseñanza de párvulos y primera
enseñanza se limitaba a señalar la doctrina cristiana y las primeras letras y,
según algunas estimaciones, en 1900 el 65% de los niños de menos de 13 años no
sabían leer ni escribir correctamente.
Si vamos más para atrás la cosa es aún
peor ya que la instrucción pública, propiamente hablando, no existió hasta el
siglo XVIII y eran las ordenes, congregaciones, parroquías y ayuntamientos
quienes se ocupaban de estos temas. La Iglesia ha jugado un papel de primer
orden en la instrucción hasta el siglo XVIII, aunque los resultados de ese
monopolio educativo fueran nefastos: casi todo el mundo salía medio analfabeto.
Lo que es evidente es que en nuestro país, como en muchos otros, la instauración
de un sistema educativo público ha sido un proceso lento y siempre ha estado
tutelado por la ideología católica, excepto en algunos momentos breves.
A finales del XVIII y en nuestro país
claramente en el primer tercio del siglo XX, el Estado no tiene más remedio que
construir un sistema de instrucción publica más o menos extenso y con unos
requisitos mínimos de calidad.
Piénsese que el Ministerio de Educación o de
instrucción pública se crea en España casi al final del XIX y es desde entonces
cuando se consolidan los cuerpos de maestros y de profesores de la enseñanza
pública. En 1900 estaban escolarizados, en los centros públicos, 1.500.000
niños, y aproximadamente 400.000 estaban escolarizados en los colegios de las
ordenes religiosas; en total el 50% de los niños estaban escolarizados.
Todo esto fue cambiando y a mediados de
los sesenta tenemos tasas de escolarización, si bien no universales, sí muy
importantes. Desde entonces, la lucha ha consistido en avanzar en la
escolarización y en alargar la edad obligatoria de escolarización al tiempo que
se intentaba garantizar la gratuidad de la enseñanza.
Ha sido un momento de
expansión y se ha avanzado mucho en los aspectos cuantitativos y cualitativos.
Además, los sistemas pedagógicos han experimentado una revolución
importantísima pese a los defectos que podamos observar en la práctica: una
gran parte de la pedagogía moderna está ya consolidada en la articulación de
los curriculum educativos y los profesores y maestros se han adaptado o han
sido educados en una concepción pedagógica moderna.
Ahora bien, es evidente que, en el caso
español, la instauración de un régimen fascista supuso una involución gigante
en los avances que se habían experimentado en la escuela española y del impulso
que supuso la instauración de la II República.
Esta involución no afectó tanto
-al menos a partir de finales de los cincuenta- a las cifras de extensión del
sistema educativo sino a la calidad y al adoctrinamiento ideológico de los
niños y jóvenes en esta época. En esta involución jugó un papel relevante la
Iglesia Católica que ha tenido una responsabilidad histórica de primer orden en
la instauración de una ideología reaccionaria en nuestra sociedad.
No sólo fue
la supresión de la libertad de cátedra y de la libertad ideológica, o la
instauración de la censura, sino también la configuración de un curriculum
plenamente adaptado a los valores más reaccionarios del peor catolicismo
integrista. Además, la Iglesia, en este periodo, siguió manteniendo una
importancia cuantitativa muy considerable en el sistema educativo. Llegamos,
pues, a lo años setenta con un sistema educativo con extensión insuficiente,
con una fuerte influencia de los colegios católicos y muy pobre en calidad; una
escuela publica infectada de la ideología católica y un sistema educativo
apartado de las renovaciones pedagógicas que se habían experimentado en otros
países.
Que duda cabe que en la España de
finales de los setenta y principios de los ochenta existió un impulso
cívico-social que exigía derechos y una mayor igualdad social, también en el
terreno educativo; debemos reconocer que desde los años setenta se ha
experimentado un cambio muy positivo en el sistema educativo, en gran medida
porque se debía de garantizar una demanda cada vez más amplia, al tiempo que se
producía una modernización social.
Todos los indicadores educativos nos señalan
que el crecimiento del sistema ha sido importante: número de unidades
escolares, profesores, alumnos..., y también ha habido cambios cualitativos
significativos. Sin embargo el modelo educativo implantado tanto en la
Constitución como en las leyes educativas básicas no ha significado una ruptura
definitiva con el modelo educativo de los años sesenta, en particular en cuanto
la participación fuerte en el sistema educativo de los colegios privados y
especialmente de los colegios católicos.
La patronal privada y la Iglesia, desde
el mismo momento que se percibe un cambio político irreversible en España,
toman posiciones y presionan para conservar sus posiciones en el sistema educativo.
Por supuesto, esto se refleja en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, en los
que queda garantizada la enseñanza religiosa en todo el sistema educativo e
incluso se incluye un artículo por el cual los poderes públicos se comprometen
a respetar los valores cristianos en todo el sistema curricular y también se
garantiza el derecho de los centros docentes católicos a recibir subvenciones.
En la Constitución de 1978 se introduce un articulo que parece incidir en estos
aspectos, ya que el articulo 27.3 reconoce un derecho absoluto de los padres
sobre la libertad de elección de educación de religión y moral que deben
recibir sus hijos de acuerdo a sus convicciones y la obligación del Estado a
garantizar dicha educación. Posteriormente, la Ley orgánica de libertad
religiosa vuelve a insistir en este asunto.
La LODE de 1985, pese a los
aspectos positivos que tiene esta ley respecto a otros asuntos, consagra en su articulo 4b un derecho
absoluto de creación y financiación publica de los centros privados al establecer
que los padres tienen derecho a escoger centro docente distinto a los creados
por los poderes públicos, y, según el artículo 4c, a que sus hijos reciban la
formación religiosa que esté de acuerdo a sus propias convicciones,
estableciéndose más adelante el derecho de los centros concertados a establecer
el ideario propio del centro.
Así, las leyes educativas garantizan un
sistema educativo mixto de educación privada y pública, garantizando la
financiación publica de los colegios católicos. Por tanto, en España, no existe
propiamente un sistema único de enseñanza, existen varios sistemas y ello
opera, sin duda, en la realidad social educativa y en los efectos perversos que
puede tener sobre el sistema educativo gestionado directamente por las administraciones
públicas.
De todas formas es necesario insistir
que entre los años 80 y 93 los porcentajes de escolarización en los centros
privados, particularmente en los católicos, disminuyeron y muchas unidades
escolares fueron suprimidas.
Concretamente de un 36% de escolarizados en la
escuela privada se paso al 30%, es decir se produjo en este periodo un
reforzamiento de la escuela pública, tanto en términos de escolarización de
alumnos como en numero de profesorado, debido a los avances experimentados en la
calidad de la enseñanza. Además, la descentralización en la gestión de la
educación ha significado un avance -aunque también algunos problemas-
importante en la calidad de la gestión educativa.
Mientras tanto, en este
periodo la patronal católica se reorganizó, secularizando las plantillas
docentes de sus centros, especializando sus unidades escolares, reorganizando
sus intereses en la Formación profesional etc., y por lo demás se produjo un
incremento de la enseñanza privada no concertada y concertada no católica.
En la actualidad, sin embargo, asistimos
a una ofensiva de la enseñanza privada que se demuestra en el aumento muy
considerable de los porcentajes de escolarización en ella, sobre todo en
algunas zonas como Cataluña.
Es curioso que sea en las partes más dinámicas
económicamente donde la enseñanza privada tiene una mayor incidencia. Lo mismo
que ocurre a nivel social -los pobres a la publica y los ricos a la privada-
ocurre a nivel territorial. Este aumento de la enseñanza privada ha conectado
con una demanda social conservadora y creo que esa ofensiva se ha producido
simultáneamente con una campaña publicitaria de deterioro de la escuela
pública.
La demanda se suscita porque existe la sospecha que los centros
privados funcionan mejor en aspectos como la disciplina, la oferta de un corpus
ideológico conservador y de supuesta eficacia frente a un supuesto desorden de
la escuela publica.
Creo que uno de los fenómenos que están influyendo en el
impulso de la escuela privada es la mayor agilidad de ésta a la hora de la
construcción de nuevos colegios en las zonas de expansión urbana, sobre todo en
las áreas metropolitanas donde pasa a residir una nueva clase media.
Otro de
los aspectos que sirven para desprestigiar la escuela publica es que ésta está
asumiendo la enseñanza en las zonas más marginadas y está absorbiendo a la
mayoría de escolares con necesidades especiales o inmigrantes. Pienso, sin
embargo, que estas nuevas situaciones deberían constituir un reto para la
escuela publica y un argumento de peso para exigir más presupuesto y más medios
para los colegios públicos.
Además, creo que las administraciones
publicas no intentan frenar esta demanda social y más bien se alienta ya que al
fin y al cabo sale más barato -desde el punto de vista económico- la
concertación que la gestión publica directa de la educación obligatoria.
Ahora
bien, el gran peligro para la escuela publica -a parte de las leyes que
posibilitan la garantía de la financiación pública de una parte de la enseñanza
privada- viene de esa demanda social de las clases medias de una educación
individualista, con pedagogías más conservadoras pero pretendidamente más
eficientes, por una exigencia de más disciplina, etc., una demanda que lucha
contra el igualitarismo social y contra la escuela laica.
En definitiva, es una
demanda social conservadora que exige un tratamiento diferente para sus hijos
y, en su concepción, la escuela publica es para los de renta baja y los grupos
sociales marginados o segregados, inmigrantes, población marginal, niños
tutelados o con necesidades especiales... Seguramente, en un futuro, esta
demanda social no tendrá ningún problema en plantear pagar algo con el fin de
estar separados de estos sectores sociales.
Sin embargo, y a pesar del deterioro
existente, es evidente que la educación publica no desaparecerá, siempre tendrá un peso mayoritario, el
problema es que vamos encaminados a una educación en los niveles básicos más
clasista, menos igualitaria y ello tendrá unas repercusiones importantísimas
sobre el futuro de nuestra sociedad.
La ley de calidad ha sido vista por
muchos como una vuelta de tuerca en contra de las conquistas de la escuela
publica orientada a la igualdad.
En el asunto de la religión, si por un lado se
dice perseguir la modernización -un ordenador para cada alumno- por otro lado
se mete a Dios en el curriculum escolar. El asunto de la enseñanza de la
religión en la escuela tal y como lo plantea la LOCE es inasumible desde todos
los puntos de vista ya que en verdad responde a una injerencia clerical clarísima.
El obligar a todos los escolares a estudiar religión parece que es simplemente
una concesión a la Conferencia Episcopal, máxime en un sistema educativo que
garantiza más que con creces la enseñanza religiosa en la escuela.
La Iglesia
Católica, en los ámbitos relativos a la educación, se ha mostrado como una
institución arrogante e intolerante. La enseñanza de la religión católica en la
escuela publica está, como digo, más que garantizada (¡en España existen más de
15.000 catequistas dando religión católica en los colegios públicos pagados por
las administraciones autonómicas!) y sin embargo la Iglesia ha entablado
pleitos judiciales y mostrado cierto desasosiego persiguiendo, parapetándose en
los acuerdos de 1979 con El Vaticano, que la religión católica estuviera
plenamente integrada en el curriculum y que los niños no católicos tuvieran que
tener nociones doctrinales sobre las religiones.
Una vez el PP llega al
gobierno, la Conferencia episcopal, que ha considerado al PP como un gobierno
católico, les exige réditos electorales y comienza a batallar sin cesar por una
solución drástica y pese a las primeras resistencias del gobierno del PP al
final éste tuvo que ceder tal y como se ha plasmado en la LOCE. El PSOE ha
anunciado que dejará las cosas como están pero las cosas como están son
verdaderamente intolerables. ¿Por qué el PSOE no se atreve a emprender una
reforma laicista en el sistema educativo y en el Estado?
El
laicismo promueve la escuela laica y ello significa en nuestro país reforzar la
escuela publica, darle nuevos impulsos positivos. Ello significa sacar la
religión de la escuela publica y reservarla al ámbito estricto de la familia o
la parroquia.
También significa a medio plazo el realizar una política de
centros concertados diferente, en la perspectiva de la supresión total de los
conciertos con colegios confesionales.
El dinero público debe ir hacia lo
público. Se debe emprender una política de conciertos educativos que empiece a
cuestionar la contratación de unidades escolares sometidas a un ideario
confesional: si el Estado paga un servicio educativo a un promotor privado este
debe estar sometido a unos esquemas de neutralidad ideológica o religiosa.
Igualmente la contratación del profesorado de la escuela concertada debería
requerir una habilitación estatal y no ser una cuestión meramente privada ya
que este profesorado es pagado por el Estado.
En definitiva, se deben emprender
medidas que signifiquen una ofensiva del Estado en defensa de la escuela
pública, laica e innovadora, si no es así las exigencias del cambio pueda venir
en un futuro de las propias aulas, del desasosiego e inconformismo juvenil que
se pueda estar incubando en los pasillos de los colegios ante un sistema
educativo cada día más segregado socialmente y más deteriorado
