Programa Electoral
ELECCIONES DE REPRESENTANTES DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS
19 NOVIEMBRE 1998.
Unión Canaria de Profesores Licenciados
En este Programa Electoral, la Unión Canaria de Profesores Licenciados formula propuestas concretas para la educación pública canaria y para el profesorado desde la óptica de que la calidad educativa y las condiciones en las que los docentes desarrollan su trabajo son aspectos inseparables e interdependientes.
La realidad educativa en Canarias:
¿Quién pudo hablar así de la Educación en Canarias? Fíjese bien y se sorprenderá:
"La Reforma se vende políticamente pero no se está aplicando por falta de recursos y de medios". Su implantación no se negocia con el profesorado. La Consejería de Educación, "acomplejada", considera que los sindicatos, con sus propuestas, pretenden echarle un "pulso" asumiendo así un "discurso de derechas y conservador".
"Probablemente la Consejería carece de proyecto en la mayoría de las cuestiones y en donde tienen proyecto éste es claramente autoritario y conservador".
A la Consejería de Educación le corresponde la función ejecutiva pero, en el ejercicio de esta función, "debe animar el debate, favorecer la participación, todos los elementos que competen al profesorado y deben ser negociadas sus condiciones laborales".
El Gobierno de Canarias, "con sus declaraciones, está pretendiendo crear una fractura social entre la sociedad y el profesorado" y esto es "una grave irresponsabilidad política". "¿Quién aísla al profesorado?, lo aísla la Administración".
"No negociar la implantación de un sistema educativo, no tener en cuenta las expectativas docentes, constituye el mayor error histórico". "La política educativa la decide el Parlamento de Canarias y la ejecuta el Gobierno". La Consejería de Educación, a pesar de ello, en cada asunto, "tiene que discutirlo, consensuarlo, asesorarse, hacer participar a la gente que más sabe y está en el tajo de esta cuestión, los profesores".
No se están negociando los elementos fundamentales de la implantación de la Reforma y, por ello, "hay un malestar entre los docentes e ignorarlo es estar ciego".
Ésta era la radiografía que en 1992 hacía Marino Alduán, entonces sindicalista, de la realidad educativa canaria y de la implantación de la Reforma que se estaba llevando a cabo.
La situación actual es muy semejante, aunque, quizás, aún más compleja.
Hoy, como ayer, la Reforma se sigue vendiendo políticamente pero carece de los medios y recursos que necesita.
Existen, también, ciegos y sordos que no perciben las inquietudes y problemas del profesorado canario y que se niegan a reconocer las graves deficiencias que padece y presenta nuestra educación pública.
Se incrementa el desprestigio social del profesorado, propiciado por declaraciones de quienes debían trabajar para que esto no ocurriera.
La Administración educativa no quiere recibir o ignora las sugerencias que sobre la aplicación de la Reforma pueden formularle "quienes más saben de educación y están en el tajo (los profesores)".
La educación pública no funciona como debiera, pero nuestros dirigentes educativos sostienen que ésta, en Canarias, va bien. En ella todo es perfecto y ha llegado a ser tanto que esta Comunidad está capitaneando la aplicación de la Reforma en todo el Estado y hasta las Universidades canarias han llegado a ser la envidia del mundo.
No debe ser así cuando el señor Alduán, ahora Viceconsejero de Educación, anda obsesionado con los índices de rendimiento y fracaso escolar, aunque olvida que éstos dependen necesariamente del nivel y de la calidad educativa que se propicia.
Cualquiera que conozca la realidad de nuestros centros percibirá, sin mucho esfuerzo, que la situación de éstos difiere sensiblemente de la que oficialmente se presenta.
Son muchos los problemas y conflictos que, para profesores y alumnos, se están derivando de una deficiente implantación de la Reforma. Ante tal situación conflictiva, la Administración educativa, en muchos casos, se muestra carente de los reflejos necesarios para darles solución.
Por último, conviene recordar que la LOGSE no es un punto de llegada sino de partida y que es necesario, en muchos casos, ir más allá de la propia LOGSE superando los claros y evidentes desaciertos que presenta. Urge, pues, individualizar los problemas y, con rigor, abordar su pronta solución. La situación no permite más demoras.
En la UCPL, conviven personas de muy diferentes biografías y de muy distintas procedencias ideológicas, en un ambiente de libertad ausente de dogmatismos y prejuicios y en el que cada cual puede defender sus ideas sin temor a la censura. Se vive con preocupación la salud de la educación pública canaria y las conflictivas condiciones en las que deben desarrollar su trabajo los profesores que, con esfuerzo anónimo, la sacan adelante.
UCPL hace una apuesta por la educación pública y por que ésta tenga la calidad que la sociedad canaria demanda y necesita.
Diversidad de docentes en el actual sistema educativo.
UCPL, en cuanto organización sindical, está al servicio del profesorado licenciado, de cualquier nivel educativo, que trabaje en Canarias, en centro público o privado, o que se encuentre sin trabajo. Es plural, integradora y democrática.
UCPL defiende los derechos del profesor licenciado y asume, como propias, sus inquietudes y necesidades. Rechaza, por otro lado, el tópico que identifica al profesor licenciado con una casta elitista y privilegiada dentro del sistema educativo y quiere proclamar, por haberse olvidado, que tal condición de licenciado se alcanza sólo a través del esfuerzo personal, el trabajo y el estudio.
A pesar de su especificidad, la UCPL, respeta profundamente la indiscutible dignidad de todos y cada uno de los colectivos implicados en la docencia y, por tanto, no está en contra de ninguno de los intereses legítimos de éstos. Considera, además, como indispensable el necesario diálogo y el respeto mutuo entre los diversos colectivos integrados en el actual sistema educativo.
UCPL, sin embargo, rechaza la idea de un cuerpo único docente si éste significa que cualquier profesor puede impartir, indistintamente, cualquier cosa en cualquier nivel y en cualquier momento.
Por ello, reclama la necesaria especialidad docente, según nivel y área, como condición de la calidad educativa y porque así lo requieren las leyes que nos hemos dado.
UCPL recuerda que es la LOGSE la que diferencia dos cuerpos docentes de diversa cualificación: el de maestros (para la educación infantil y primaria) y el de profesores de secundaria (para la ESO, bachillerato y formación profesional) y exige que los profesores de secundaria sean licenciados o que posean titulación equivalente a efectos de docencia. Establece, con carácter transitorio, la posible adscripción temporal de maestros al cuerpo de secundaria para atender las necesidades del primer ciclo de la ESO.
UCPL le recuerda a la Administración Educativa que, en este punto, reiteradamente olvida el contenido de la ley que invoca y construye lo definitivo y estable sobre la base de lo posible, excepcional y transitorio.
En consecuencia, UCPL estima necesaria la supresión de las materias afines.
UCPL, ante el caos existente en los perfiles profesionales del profesorado y con unos docentes a los que se les niegan estímulos e incentivos, reclama la necesaria posibilidad de promoción profesional del docente y que ésta sea realizada de forma objetiva e imparcial, fundamentada en el mérito y la capacidad, y regulada de tal modo que quede al abrigo de arbitrariedades o clientelismos del signo que sean.
Ante la situación actual, UCPL recuerda a la Administración Educativa canaria, que en aplicación del principio de jerarquía normativa, la implantación de la LOGSE, mediante desarrollos reglamentarios, no puede dar pie a que sean vulnerados los principios constitucionales de objetividad, imparcialidad, mérito, capacidad e igualdad. Advierte, por ello, que recurrirá cualquier posible vulneración de éstos.
UCPL denuncia que la Administración Educativa canaria está haciendo una interpretación abusiva e interesada de la LOGSE. Pretende resolver los problemas de gestión de personal con que se encuentra, pasando por encima de los derechos del colectivo docente que considera más débil, menos y peor representado: los Profesores de Secundaria Licenciados.
UCPL censura la actitud de los sindicatos docentes que, por activa o por pasiva, promueven, toleran o consienten tal circunstancia y traicionan, ignorándolo, al colectivo de trabajadores que había confiado en ellos.
UCPL imputa a quienes dicen representar a los profesores licenciados de secundaria el aplicar técnicas de mercadeo para vender productos defectuosos al mayor número de clientes posible: velan muy bien por el crecimiento de sus organizaciones. Poco importan las diferencias, en su miopía sólo ven una masa de "compradores". Compaginan esta representación con la de otros colectivos docentes. De forma habitual, practican un discurso doble e incompatible, plantean reivindicaciones contradictorias y excluyentes y en el conflicto siempre relegan al profesor licenciado - un mercado no lo suficientemente grande para ellos- perjudicándole gravemente.
Resulta patético ver cómo los mismos sindicatos que han defendido contundentemente la jornada continua para primaria, permanecen de brazos cruzados observando cómo el profesorado que impartía clases en BUP o FP, pasa forzosamente a turnos de tarde o a turnos compartidos como fruto de una readscripción esencialmente injusta, que no ha tenido en cuenta para nada la situación laboral del profesorado licenciado, sus derechos y, mucho menos, sus intereses.
Cuando UCPL denuncia los procesos de adscripción de Maestros de Primaria al Primer Ciclo de la ESO, tal como se han realizado, lo hace también porque en éstos se ha establecido como criterio supremo de promoción la antigüedad y se han lesionado, con ello, injusta e irreversiblemente, los legítimos derechos del alumnado y de otros muchos maestros (quizás más jóvenes, pero dinámicos y preparados), un gran número de ellos licenciados.
Defender criterios más justos en la determinación de la competencia de un profesor en su área no sólo es lógico sino necesario para la calidad educativa que demandamos.
UCPL por una implantación seria de la LOGSE
Llevar adelante una Reforma Educativa va más allá del simple cambio de nombres y siglas para las cosas de siempre. La LOGSE advierte, a quienes adquieren la responsabilidad de dirigir su implantación, del "alto riesgo de error e ineficacia que amenaza a las reformas emprendidas a partir de un mero diseño teórico, abstracto y conceptual" y les señala que "con frecuencia se ha caído en la tentación de considerar las normas legales como actos paradigmáticos en los que se resuelven las propias transformaciones de la realidad".
UCPL recuerda que las leyes no son inmutables, tampoco son rígidos catecismos. Son instrumentos convencionales que deben favorecer el progreso.
La LOGSE constituye un marco lleno de posibilidades pero en éste se deben desarrollar diversas iniciativas.
Los expertos advierten de que no se ha entendido la LOGSE y lo que significa y que si no se aplica correctamente, lejos de beneficiar a la educación, puede crearle más problemas. Denuncian que la burocratización de la labor docente está estrangulando la Ley. Sin flexibilizar la Ley, sugieren que debe ser flexibilizada su aplicación.
Se pueden estar cambiando las cosas y no estar aplicándose la Reforma. La ejecución de la LOGSE debe:
* Promover una educación eficazmente integradora y llena de contenidos de calidad.
* Desarrollar la sensibilidad, la sociabilidad y el respeto mutuo, la tolerancia, y el reconocimiento de lo otro desde la propia condición.
* Superar el ostracismo intelectual e ideológico al que, especialmente los jóvenes, son sometidos por los medios de comunicación de masas, las modas o un sistema que procura evitar los ciudadanos críticos.
* Conseguir una educación plural, no dogmática y que contribuya a la formación de personas libres, con capacidad para enjuiciar y con disposición para investigar la realidad de modo autónomo.
UCPL DEMANDA CON URGENCIA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Profesorado
*.-Una urgente y correcta aplicación de los preceptos de la LOGSE referentes a la cualificación profesional del profesorado de la ESO (especialmente la de sus arts. 24.1, 28, 33, 55 y 56.1, adicional décima y transitoria cuarta).
*.- Que ponga fin a los tratos lesivos e intolerables que están sufriendo muchos profesores licenciados de secundaria, derivados de una Administración educativa que está realizando una aplicación abusiva y parcial de la LOGSE:
*.- Que arbitre medidas para que en todos los Centros de Secundaria, el profesorado realice su trabajo en las condiciones legalmente establecidas.
*.- Que se haga efectivo el derecho que asiste a los profesores licenciados de Secundaria a ocupar las plazas del primer ciclo de la ESO (ya que éste no está reservado de forma excluyente, para los maestros adscritos o incluso para los que no lo son).
En este punto, la UCPL defiende que el profesor licenciado de Secundaria con destino definitivo en un Centro, tiene prioridad sobre el maestro adscrito para optar a las plazas del primer ciclo de la ESO en ese Centro.
*.- Que cese la amortización de plazas definitivas de los profesores licenciados en los IES cuando en éstos no están cubiertas las necesidades que la misma LOGSE les plantea. Resulta absurdo, impresentable e injusto que la Consejería de Educación adscriba a un Centro de Secundaria a un profesor de primaria para desplazar al de Secundaria y que además, en un alarde de solidaridad con el trabajador desplazado, amortice su plaza definitiva al de Secundaria.
*.- Que la totalidad del profesorado que imparta el segundo ciclo de la ESO, sin excepción, sea licenciado, tal como establece la LOGSE.
*.- Que los profesores licenciados de Secundaria desempeñen su trabajo según su especialidad y que suprima la imposición de asignaturas afines por constituir un elemento que merma sensiblemente la calidad educativa.
*.- Que en los procesos derivados de la integración de colectivos docentes, la titulación académica o preparación científico-didáctica se valore de modo absoluto, sobre la antigüedad.
*.- Que las sustituciones de maestros adscritos al primer ciclo sólo puedan ser realizadas por profesores licenciados o, si los hay y con carácter excepcional, con maestros adscritos y no como ahora se está haciendo: con maestros que no han realizado ningún tipo de adscripción.
Que las sustituciones realizadas por licenciados en un Centro de Primaria conlleven de forma necesaria un horario conforme a su titulación.
*.- Que se termine con la perpetua expectativa de destino o la interinidad permanente de numerosos profesores licenciados de Secundaria.
*.- Que se saquen a concurso oposición las numerosas vacantes existentes.
*.- Que se ponga fin al agravio comparativo que supone el negarles a los profesores licenciados sustitutos de secundaria las condiciones de estabilidad que la Consejería y los sindicatos reconocen a los sustitutos de Primaria.
*.- Que para acceder a la condición de Catedrático, se requiera siempre la titulación académica mínima de licenciado.
*.- Que en los Centros de Secundaria las Jefatura de Departamentos didáctico,s de Orientación y las Coordinaciones de Ámbito sean desempeñadas, siempre que exista alguno, por los profesores que legalmente estén facultados para impartir todos los ciclos y niveles del centro.
*.- Que los asesores y coordinadores de los Centros de Profesores o cualesquiera otros que se encarguen de los cursos de formación del profesorado, necesariamente, tengan nivel académico igual o superior al de los profesores con quienes trabajan.
*.- Que la dirección de los Centros de Secundaria sea preferiblemente desempeñada, siempre que sea posible, por profesores de nivel académico superior (práctica habitual en toda administración pública, organismo autónomo o entidad privada).
*.- Que las reducciones horarias de los cargos directivos de los centros de secundaria sigan criterios homólogos a los que actualmente se aplican en Primaria.
*.- Que la antigüedad en el departamento y en el centro esté determinada por el número de registro de personal de cada cuerpo integrado en el de Secundaria, tendrá preferencia, con la misma antigüedad, el profesor de mayor titulación académica dentro de su especialidad.
El profesor de Secundaria debe ser más antiguo que el adscrito, independiente de sus años de servicio. Lo contrario significaría instaurar la permanente inseguridad e indefensión en los Profesores de Secundaria.
*.- Que la próxima incorporación a las plazas de Secundaria de los profesores de formación profesional y de bachillerato se realice en un distrito único y de tal modo que ninguna de ellas se haga antes o con prevalencia sobre la otra.
*.- Que los concursos de traslados, convocados entre el profesorado, se realicen conociéndose previamente las vacantes existentes y que en éstos se adjudiquen todas las plazas.
*.- Que en los concursos se eviten los baremos confusos, especialmente diseñados ad hoc, para los afines, contradictorios y en los que puede llegarse a reconocer puntuaciones diferentes para casos idénticos y en los que de forma habitual se vulneran expresamente los principios constitucionales de objetividad, imparcialidad, mérito, capacidad e igualdad.
*.- Que la Administración Educativa elabore un catálogo de perfiles profesionales de los docentes.
Que, en este punto, se establezca una normativa concreta que supere las situaciones comprometidas que propician el que profesorado de diferentes niveles y preparación compartan centro y concurran en idénticas ocupaciones.
*.- Que el profesorado de educación plástica y visual y de música en la ESO sea especialista en el área y titulado superior.
*.- Que la Educación de Adultos sea impartida por profesores licenciados de Secundaria en los niveles que la ley así lo exige, y que se ponga fin a las numerosas ilegalidades que ahora se están produciendo.
*.- Que en las áreas en las que los aspectos prácticos son esenciales (Ciencias Naturales, Biología, Geología, Física y Química y Lenguas Extranjeras) y con el fin de lograr los objetivos propuestos para las mismas, existan profesores suficientes para que puedan ser realizados desdobles, cuando menos, en las mismas condiciones que se aplican actualmente para los Módulos.
*.- Que en la asignación de horas de atención a las necesidades educativas especiales y a las adaptaciones curriculares específicas, se una al aspecto cuantitativo (número de alumnos por profesor), el cualitativo (la diversidad en el alumnado crece de forma exponencial a partir de los doce años, momento en el que al profesorado de Secundaria se le incrementan progresivamente el número de alumnos por aula y el número de cursos que debe atender).
*.- Que en cada Departamento existan horas suficientes para poder organizar grupos flexibles de apoyo, refuerzo y atención a las necesidades educativas especiales y que la atención a estos grupos flexibles, en el segundo ciclo, siempre deba ser realizada por profesores de Secundaria licenciados.
*.- Que se estudien fórmulas eficientes que den respuesta satisfactoria a la problemática originada por la escasa presencia de las enseñanzas de las lenguas clásicas en la ESO y en el bachillerato, y se tengan en cuenta las justas reivindicaciones y denuncias del profesorado de Latín y Griego, estudiando fórmulas que hagan posible el ejercicio estable de su profesión en su especialidad y que eviten someter a este profesorado a una movilidad innecesaria de centro y asignatura.
*.- Que se establezca la supresión de los turnos de tarde en los Centros cuando su existencia suponga trato diferenciado entre los profesores y alumnos de Bachillerato y los de la ESO.
No obstante se exige el mantenimiento de aquellos cursos de nocturno o tarde que son imprescindibles para la formación de personas que están trabajando o soportan cargas familiares.
*.- Que la Consejería de Educación elabore un cuadro de enfermedades profesionales en el ámbito educativo y que aborde el desarrollo normativo del Real Decreto 1774/1994, que en su disposición adicional segunda establece la posibilidad de adscribir temporal o permanentemente en tareas de apoyo a la docencia o a otras tareas (atención a las bibliotecas, archivos, etc.) a aquellas personas afectadas por una notoria merma de facultades, sin que sea necesario para ello, que sean declaradas permanentemente incapaces.
*.- Que la Administración renuncie de forma definitiva al recurso tópico que identifica profesor licenciado con carencia de preparación didáctica y pedagógica. UCPL demanda de la Consejería de Educación que elabore un plan de formación específica para los profesores licenciados de Secundaria y que éste responda a sus necesidades reales y contrastadas.
*.- Que se respete en los reglamentos de aplicación de la LOGSE el principio constitucional y legal, recogido en el art. 3 de la LODE, de libertad de cátedra. Esta libertad individual del profesor entra en conflicto con lo establecido por el art. 68 k del Reglamento Orgánico de Centros en vigor. En este punto, UCPL propugna la retirada de este último artículo pues contraviene al art. 3 de la LODE.
*.- Que la Consejería, en su Contrato Programa, acuerde la posibilidad de que los Profesores Licenciados de Educación Secundaria compartan su docencia en los centros con la investigación en la Universidad.
*.- Que se determine un objetivo y adecuado sistema de años sabáticos y de licencias por estudios para el personal docente de la Consejería de Educación, tal como lo tienen establecidos el territorio MEC y otras CC.AA.
De la Función Inspectora
*.- Que los Inspectores de Secundaria se seleccionen, mediante concurso-oposición y previa publicación de las vacantes existentes, de entre los profesores del cuerpo de Secundaria.
Que este concurso-oposición vaya precedido de una evaluación objetiva previa, de la labor docente de los candidatos, y que en la baremación los méritos académicos y docentes no estén subordinados y limitados por otros de carácter administrativo.
*.- Que exista una normativa clara en los sistemas de selección de inspectores para garantizar de esta forma su independencia y evitar que sean promovidos a tal condición por medio de criterios de clientelismo sindical o político o de afinidad ideológica.
Si no existe claridad y objetividad en su selección, los inspectores pierden su prestigio, se invalida su capacidad para asesorar, y carecen de la independencia necesaria que exige su función como evaluadores del sistema educativo.
*.- Que se convoquen, de forma periódica y sistemática, cursos de formación específica para todos los profesores de Secundaria que, reuniendo las condiciones de titulación y antigüedad exigidas de forma normativa, estén en condiciones de optar a los procesos de selección de inspectores y se establezca como mérito la superación de tales cursos.
En estos cursos, la formación jurídica, administrativa y pedagógica deberá tener un peso especialmente relevante.
*.- Que la Inspección asuma la responsabilidad que la ley le asigna con relación a la formación del profesorado y al asesoramiento pedagógico de los Centros y en el control y evaluación del sistema educativo.
Del Alumnado
*.- Que se revise urgentemente el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos para adaptarlo a la circunstancia de haberse ampliado la educación obligatoria hasta los 16 años.
*.- Que la Administración tome conciencia del malestar existente entre el profesorado, personal no docente, padres y alumnos ante el preocupante incremento en los centros de comportamientos antisociales, de actitudes violentas y vejatorias para con los miembros de la comunidad educativa y de daños ocasionados en el material de los centros.
*.- Que los Equipos Directivos, Equipos Educativos, profesores y Consejo Escolar, obtengan el debido apoyo legal y la protección por parte de la Administración Educativa para que puedan desarrollar con normalidad, seguridad y dignidad sus funciones.
*.- Que se arbitren medidas concretas que permitan a los alumnos y alumnas puedan recibir una educación de calidad en condiciones favorables y que el profesorado pueda desarrollar su trabajo sin impedimentos ni sobresaltos. Estos aspectos esenciales ahora quedan, de forma casi exclusiva, dependientes de la entrega, fortaleza de ánimo y seguridad psíquica y física del profesorado.
En muchas ocasiones, ante una pasiva y tolerante Administración Educativa, este profesorado se ve indefenso y desarmado ante las agresiones y la obstrucción sistemática de unos alumnos que imposibilitan el progreso del resto de sus compañeros, y rebajan la calidad de la enseñanza pública (la privada no acepta asumir la cuota de solidaridad social que les corresponde y expulsan a los alumnos que molestan).
*.- Que los centros privados actúen en referencia a la selección, convivencia, promoción y titulación de alumnado, con los mismos criterios que deben aplicar los centros públicos. El Consejo Escolar de estos centros debe tener una composición idéntica a la de los centros públicos. La Administración Educativa debe explicar por qué motivo considera que lo que es bueno para los centros públicos no lo es para los privados.
*.- Que se arbitren medidas específicas para el alumnado que presenta problemas actitudinales y de adaptación social. La necesaria educación de actitudes y hábitos, en estos casos, necesita de profesionales con especial cualificación. Hay que denunciar que ahora estos alumnos permanecen absolutamente desatendidos (aunque formalmente estén escolarizados e integrados en un sistema que les condena irremisiblemente al fracaso).
La Administración, en éste como en otros muchos casos, abandona la resolución de estos problemas al voluntarismo de un profesorado no especialista al que no se le concede ningún espacio ni posibilidad diferenciada para la atención a la diversidad y a las acuciantes necesidades que observa en un buen número de alumnos.
*.- Resulta imprescindible la presencia de equipos multidisciplinares en los Centros para que ayuden a los Departamentos de Orientación en la evaluación de las necesidades educativas especiales y asesoren sobre las estrategias más adecuadas para atender la diversidad.
*.- Que la Consejería de Educación abandone la permanente política de no afrontar los problemas negando la existencia de los mismos. Que revise la regulación legal de la responsabilidad de los padres y madres en la educación de los hijos, de modo que se traduzca en efectivas medidas que persigan su abandono y sirvan de estímulo a participar activamente en la educación de sus hijos.
*.- Que se regule la responsabilidad de los padres y madres del alumnado menor de edad como responsables subsidiarios de los daños y faltas producidos o generados por el alumno o alumna en el ámbito escolar.
*.- Que se atiendan las sugerencias del profesorado a la hora de establecer, en el Reglamento Orgánico de Centros y en las Circulares que regulan el funcionamiento de los mismos, el marco en el que se deban elaborar los criterios de promoción y titulación del alumnado. Estos deben ser realistas y no constituir un cúmulo de vaguedades, como actualmente son, que impiden un funcionamiento justo y objetivo.
Teniendo en cuenta que la objetividad pasa por la medición de los aspectos cualitativos de la educación y que toda medida es una cuantificación y que por tanto, rechazar los cuantitativos, como lo hace la última circular, es dejar sin objeto la labor evaluadora del profesorado, ya que evaluar es valorar. Un valor en ciencia es un número. La cuantificación ha sido base del desarrollo de la ciencia desde el Renacimiento. Abandonar ahora este modo de proceder es regresar a la Edad Media, a una ciencia que pretende desvelar la realidad atendiendo a cualidades no cuantificables como la virtus dormitiva, que ya ridiculizara Molière en El enfermo imaginario.
Valoraciones de carácter ético y social siempre han formado parte de la función evaluadora del profesorado, pero intentar suprimir las valoraciones cuantificables, como asistencia, conocimientos y nivel de desempeño del alumnado, es abandonar la promoción del mismo y la garantía de la calidad de su educación a la más pura arbitrariedad e invitar al profesorado a no evaluar conocimientos, procedimientos ni actitudes y a no revisar el trabajo del alumnado, ya que no tiene sentido alguno.
De este modo, UCPL denuncia las presiones de la Inspección dirigidas a conseguir la abolición de todo criterio cuantificado de promoción.
Denunciamos, así mismo, que el interés que guía a la Administración en este punto, es puramente cuantitativo. Pretende únicamente ofrecer un dato estadístico de aprobados. No obedece a ninguna valoración ética ni social, más bien pasa por encima de estas consideraciones; daña al sistema educativo y responde únicamente a los intereses políticos de la Administración.
*.- Que en ningún caso los Equipos Educativos puedan tomar decisiones, referentes a la promoción o titulación de alumnos, que vayan en contra de los principios y criterios que hayan sido aprobados por órganos superiores del Centro, especialmente Claustro y Consejo Escolar.
*.- Que se realice un seguimiento de los grupos de diversificación curricular para conocer de modo objetivo su efectividad y las posibilidades de mejora de los mismos.
*.- Que se tenga en cuenta que la atención a la diversidad, en algunos casos, necesita de docentes con una determinada cualificación especializada (lo contrario constituye una temeridad, una injusticia para muchos alumnos, un fraude social, y el perpetuar la segregación de aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales).
*.- Que todos los centros dispongan de aulas debidamente dotadas que permitan una adecuada atención a los alumnos con necesidades educativas especiales muy significativas, y que los centros dispongan de personal con cualificación para su atención. Asimismo los centros deben desarrollar programas específicos y eficazmente integradores.
*.- Que se evalúe la actuación, competencia y resultados de los actuales Departamentos de Orientación y PT, se reformule su composición, sus funciones y modos de actuación en el caso de que se constaten rendimientos manifiestamente mejorables.
*.- Que quede garantizada la atención a la diversidad de los alumnos sobredotados a través de adaptaciones curriculares específicas.
*.- Que se arbitren medidas para la agilización de trámites a la hora de atajar con urgencia las situaciones conflictivas que impiden el adecuado funcionamiento de los centros.
*.- Que se establezcan soluciones para poner finque pongan fin a la crueldad de la LOGSE con los "sin título". Este alumnado es expulsado del sistema educativo y sólo puede volver a éste si adquiere conocimientos conceptuales (sin darle posibilidad para ello) y supera las pruebas de acceso.
De las Tutorías
*.- Que se facilite la labor de los tutores y tutoras liberándolos en la medida de lo posible de las cargas burocráticas que ahora soportan. Se deben crear herramientas específicas de trabajo para éstos (programas informáticos que faciliten la obtención y generación de informes, controles de asistencia y edición de comunicaciones a los padres, etc.).
Que se limite el número de alumnos asignado a cada tutor, especialmente en las situaciones más conflictivas.
*.- Que se retire la normativa actual que regula las tutorías de tarde, impuesta contra la voluntad manifiesta del profesorado, contra toda razón objetiva y que pasa por encima de sus derechos laborales con la colaboración de los sindicatos afines a la Administración Educativa.
*.- Que se revisen las funciones del profesor tutor de manera que no se le exija imposibles. En este sentido, UCPL defiende la generalización de las tutorías de faltas que descarguen al tutor o tutora de grupo de sus funciones.
Reuniones de Coordinación y Similares
*.- Que se elimine la burocratización que actualmente vive la implantación de la Reforma.
Los profesores están cansados de que les digan desde la Administración lo mucho que hay que hacer y de que nadie, de forma efectiva, les diga si es posible hacerlo y, en caso afirmativo, su utilidad y el cómo se hace.
Desde el punto de vista científico, técnico, didáctico, pedagógico y organizativo, se están demandando tareas al profesorado que carecen de relevancia y constituyen un freno a la marcha de los centros. Burócratas y asesores, aunque no todos, multiplican comisiones y subcomisiones, reinventan y modifican formularios, reclaman papeles y papeles.
*.- Que las horas formales dedicadas a reuniones queden reducidas a las estrictamente imprescindibles y que se eviten tareas inútiles que bloquean el correcto funcionamiento de los centros y la dedicación del profesor a sus alumnos.
*.- Que se realice un asesoramiento cualificado y concreto en las tareas que al profesor se le demandan y que a éste no se le hostigue demandándole trabajos técnicamente imposibles (signo de la ignorancia de quien los solicita o sugiere), ineficaces e irrelevantes para su labor educativa y docente.
*.- Que se realice una evaluación externa de los Centros con el fin de que ésta sirva a la Comunidad Educativa y a la Administración para tener un conocimiento objetivo del sistema educativo y de cada uno de los centros en particular.
Autonomía de los Centros
*.- Que se incentiven económicamente las funciones directivas.
*.- Que se regule de modo objetivo el proceso de acreditación para el desempeño de la Dirección de Centros, que los nombramientos eviten la arbitrariedad y se y se fundamenten en la competencia e idoneidad del nombrado y no en la afinidad ideológica de éste respecto a quién lo nombró. De igual modo debe quedar asegurada su independencia.
*.- Que su preparación académica y pedagógica tenga peso decisivo en la determinación de su idoneidad.
*.- Que se establezcan condiciones igualmente objetivas y preferentes para el profesorado de Secundaria que desee acceder al nuevo Cuerpo de Administradores.
*.- Que las convocatorias de estas plazas se hagan con antelación suficiente. Se organicen cursos de formación específica para el acceso a tales funciones y se primen los méritos objetivos, la formación específica y la experiencia en cargos directivos de Secretario, por encima de la antigüedad.
*.- Que se devuelva a los centros la autonomía para fijar los horarios lectivos, de reuniones y tutorías. Que se trate a los centros de forma diferenciada en función de sus características específicas.
*.- Que la Consejería de Educación adopte medidas tendentes a la revitalización de los Claustros de Profesores y a su desarrollo como máximos órganos técnicos y pedagógicos de los centros, y ponga fin al progresivo vacío de contenidos y de competencias que ahora padecen.
*.- Que se modifique la Orden de 9 de diciembre de 1997 que regula la supervisión y autorización de libros de texto y otros materiales curriculares para su uso en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En este sentido, por la autonomía de los centros, la censura previa de la Consejería será sustituida por la aprobación del Consejo Escolar, previa propuesta del departamento didáctico implicado.
*:- Que se dote a los centros de infraestructura y recursos (económicos, materiales, personales y funcionales) para poder hacer efectivo el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares que determina el nuevo ROC.
Racionalidad del Gasto
*.- No se trata de que la Consejería de Educación gaste más, sino de que gaste mejor. Debe ponerse fin, por ejemplo, a los gastos innecesarios derivados de la creación de Centros que se generan por razones extraeducativas. Resulta incoherente discutir medio horario en un centro cuando existe una pléyade de asesores de todo tipo que pueblan despachos, oficinas y lugares inverosímiles.
Consejo Escolar de Canarias
UCPL considera ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE la renovación de este órgano, así como que se efectúen algunos cambios en el reglamento de su constitución.
El Consejo Escolar de Canarias se ha mostrado como un órgano que está de espaldas a la realidad y la sociedad.
El Consejo Escolar de Canarias no ha tenido en cuenta las voces y la experiencia de los docentes y ha ignorado sus inquietudes.
Sus informes y decisiones resultan desconocidas para la inmensa mayoría de los docentes, del alumnado y de los padres lo que incrementa la fractura entre este órgano y sus representados.
Medidas urgentes:
Limitar el desempeño del cargo de Presidente a una legislatura.
El Presidente debe ser una persona consensuada por el Parlamento de Canarias, no impuesta por la Administración.
El Presidente del Consejo Escolar de Canarias deberá establecer estrecho contacto con quienes presiden los Consejos Escolares de los Centros, y mantendrá comunicación y reuniones periódicas con este colectivo.
Los representantes de los padres, del alumnado y de los profesores en el Consejo Escolar deberán estar en activo: padres con hijos estudiando, estudiantes que asisten a clases y profesores no liberados.
Es fundamental que los sindicatos y asociaciones presentes en el Consejo Escolar mantengan un diálogo permanente con sus representados. UCPL se compromete a informar y a escuchar al profesorado, para hacer posible que el Consejo Escolar de Canarias deje de estar en la sombra y pase a ser el órgano público y trasparente de representación que debe ser.
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Progresismo es Calidad
VOTA UCPL
ELECCIONES DE REPRESENTANTES DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
UCPL REQUIERE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN LA PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CANARIO REALIZADO POR EL INSTITUTO CANARIO DE EVALUACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Y, QUE EN LA ACTUALIDAD PERMANECE EN EL MÁS OSCURO DE LOS SECRETOS.
19 NOVIEMBRE 1998
No estamos solos, ¡hay un sindicato que nos representa!
ucpl@teleline.es Unión Canaria de Profesores Licenciados
C/ Venegas 7-2º,1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
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